“PLIS. Educación, por favor” denuncia que los profesores activistas del nacionalismo y de la inmersión lingüística están utilizando los claustros para rechazar, no proyectos lingüísticos, sino leyes aprobadas por el Parlament elegido democráticamente.
Los nuevos proyectos
lingüísticos elaborados según la normativa del tratamiento integral de lenguas
han de cumplir obligatoriamente los siguientes requisitos: establecer el
equilibrio curricular entre las dos lenguas oficiales, garantizar que ambas
tengan carácter vehicular en los centros y la introducción del inglés en
materias no lingüísticas (Orden de desarrollo del TIL art 5 puntos 1 y 4;
Decreto ley 5/2013 art 6 a 10 y art 4 punto 1.c).
El decreto que regula
el tratamiento integral de lenguas, de acuerdo con la legislación estatal,
contempla tres pasos para la aprobación de los nuevos proyectos lingüísticos
TIL: a) propuesta de la Comisión Pedagógica, formada por la dirección y los
jefes de departamento, que elaboran un documento de consenso; b) aprobación por
el claustro de profesores; c) aprobación final por el director.
A pesar de que la ley
es muy clara y adjudica al Claustro de Profesores la competencia en la
elaboración (a través de sus jefes de departamento) y su posterior y
consecuente aprobación, de la distribución curricular en las tres lenguas y de
los criterios pedagógicos, siempre en el marco de equilibrio lingüístico TIL,
los profesores contrarios al TIL utilizan el claustro para boicotear la
aplicación de una ley que niega el dogma religioso de la inmersión lingüística
en catalán.
Esto es doblemente
grave si se tiene en cuenta que, por una parte, los profesores son funcionarios
y están obligados a cumplir la ley y a aplicarla y, por otra, que lo único que
consiguen es ralentizar los tiempos en la implantación del proyecto lo cual conlleva de nuevo un retraso en la
preparación del curso con el consecuente perjuicio al resto de profesores y, de
nuevo, a los alumnos.
PLIS. Educación, por favor no es contrario a la presión sobre el poder político para intentar
cambiar las leyes vigentes, mediante concentraciones, manifestaciones o
cualquier otro medio. Lo que considera inadmisible es que funcionarios docentes
trasladen a las escuelas y colegios sus presiones y utilicen los claustros para
rechazar, no proyectos lingüísticos, sino leyes aprobadas por el Parlament elegido
democráticamente.