Palma, 11 de Marzo de 2015
Para
PLIS.
Educación, por favor, asociación de profesores libres de manipulación
social, la enseñanza pública no es aquella que ofrece la administración
gratuitamente a los ciudadanos, como se quiere hacer creer para engañar a
los padres y tenerlos sumisos ante el poder, sino la que pagan los
ciudadanos con sus impuestos, se ofrece e imparte por agentes públicos
o privados y eligen libremente los padres.
Esta
definición implica que son los ciudadanos, los padres, los que deben
ejercer el derecho a elegir el centro que consideren más adecuado para
sus hijos, partiendo del supuesto de que son los padres los que saben
qué es mejor para sus hijos y no la administración. Y esto sólo es
posible si se permite la competencia entre una amplia oferta de
servicios de enseñanza, ofrecidos tanto por agentes públicos y privados.
Sin
embargo, políticos y sindicatos aún siguen hablando de enseñanza
pública como en el siglo XIX:
una actividad impartida
exclusivamente por funcionarios, en la que los padres son tratados como
menores de edad, sin capacidad efectiva de elección de centro y que
deben agradecer al estado la oportunidad que graciosamente les brinda.
El resultado de esta soberbia política es que ahora todos los centros
públicos y concertados son iguales, imparten lo mismo, siguen los mismos
planes, dependen del mismo pagador, la administración, y carecen del
espíritu de superación. Ante esta situación, la elección de centro por
parte de los padres es testimonial.
"Es
hora de que la administración sirva al ciudadano y no el ciudadano
sirva a la administración". Si los padres son los que tienen la
capacidad de elegir entre una amplia oferta, se multiplicará la
competencia entre los centros, se favorecerá la aparición de nuevas
escuelas, su especialización, la seriedad de sus planes pedagógicos y a
responsabilidad y rendición de cuentas.
Por
último, contrariamente a lo que se argüirá contra la tesis de
PLIS. Educación, por favor, esta nueva realidad favorecerá especialmente
a los centros educativos públicos que tienen peores resultados y los
que se ubican en zonas socioeconómicamente más desfavorecidas.
Actualmente, estos centros no tienen casi incentivos para intentar revertir
la situación. Con la nueva situación, no tendrán más remedio que mejorar
si no desean ver cómo los padres eligen otras opciones.
