La evidencia de que la justicia había cercado la inmersión lingüística ha provocado que a marchas forzadas se haya propuesto al gobierno cambiar la ley a cambio del apoyo nacionalista a los presupuestos.
Eco en Crónica Balear
Eco en El Liberal
Palma, 18 de 11 de 2020
Primero fueron las sentencias del tribunal constitucional 6/1982 y 31/2010, que indicaron con toda claridad que el castellano es obligatoriamente lengua vehicular con el catalán, en territorios con dos lenguas oficiales. Luego fue la LOMCE, que estableció en su disposición adicional 38ª la obligación de reservar horas lectivas al castellano en una proporción razonable. Después, las sentencias del Tribunal Supremo 2548/2014, de 23 de abril de 2015 y 2549/2014, de 28 de abril de 2015, que obligaron a adjudicar al español un mínimo del 25% del horario lectivo y al menos una materia troncal. Finalmente, llegaron los litigios en Cataluña y todos fueron ganados por padres que reclamaban el derecho a recibir un mìnimo del 25% de enseñanza en castellano.
La inmersión obligatoria y total estaba herida de muerte, solo era cuestión de tiempo que, por acumulación de pleitos, algún tribunal obligara a la Generalitat y al gobierno balear a dictar instrucciones a los directores de centros para modificar sus proyectos lingüísticos.
Y todo se precipitó con el informe 2019 del Defensor del Pueblo ante Las Cortes en mayo de 2020, donde se recogía con meridiana claridad la jurisprudencia y la ley en favor del 25% en castellano. Convencidos el gobierno catalán y el balear de que en la opinión pública había ganado la convicción de la ilegalidad de la inmersión y sospechando que de un momento a otro caería alguna querella por prevaricación por omisión contra los consejeros de educación, al no haber ejercido su deber de hacer cumplir la ley, a toda prisa presionaron a Celaá para acelerar la aprobación de la LOMLOE, saltándose todos los filtros parlamentarios y la decorosa serie de comparecencias que todas las leyes orgánicas han respetado, con el fin eliminar toda mención a una presencia mínima del castellano.
En definitiva, el objetivo ha sido evitar ser condenados por la ley cambiando la ley. Algo muy parecido a lo que se está haciendo con el delito de sedición, ingeniería legal para infringir la ley y no ser condenado por la ley.
PLIS. Educación, por favor luchará para hacer efectivas las leyes, porque, aunque la polémica enmienda de la ley Celaá termine aprobándose en Las Cortes, sigue vigente el mandato del TC de calificar de vehicular al castellano y el mandato del decreto de mínimos que, aunque reserva un mínimo del 50% de horas lectivas al catalán, obliga a concretar qué materias se dan en catalán y cuáles en castellano.
