Después de las sentencias en Cataluña, es cuestión de tiempo que los tribunales condenen, incluso por vía penal, a directores de centros y obliguen al Govern a asegurarse de que los proyectos lingüísticos de los centros no sean de inmersión total y obligatoria.
Sucesos como los de Canet del Mar, de acoso a quienes reclaman sus derechos y de enfrentamientos entre familias, pueden, y no deben, reproducirseen Baleares.
Palma, 10 de 12 de 2021
"Es ahora el momento para que la Ley March cumpla con el ordenamiento jurídico e introduzca de forma clara que los centros no pueden optar por la inmersión obligatoria; de esta forma protegerá eficazmente a los directores y a los miembro del consejo escolar, pues, según la ley, los directores son los responsables de redactar los proyectos lingüísticos y los miembros del consejo escolar, de aprobarlos".
Después de la sentencia del TSJCat, basada en sentencias previas del TS y TC (que obligan a introducir en los proyectos lingüísticos un mínimo de 25% de horas lectivas en castellano y en al menos una materia troncal), ni el gobierno balear ni los directores de los centros pueden escudarse en el desconocimiento de la jurisprudencia, que tiene fuerza de ley. Tanto el gobierno balear como los directores de los centros, de persistir el primero en la omisión del deber de hacer cumplir el ordenamiento jurídico y de persistir los segundos en la exclusión del castellano como lengua vehicular, pueden verse incursos en querellas por vía del contencioso-administrativo y en procesos penales, por prevaricación.
