Publicado en El Mundo/El Día de Baleares
Algunos centros educativos de Baleares se han transformado, durante el último cuarto de siglo, en plataformas ideológicas al servicio de proclamas políticas radicalizadas, excluyentes y de sesgo manifiestamente totalitario. Los constantes atropellos cometidos estos últimos meses, a raíz de una convocatoria de huelga en el sector docente de la educación pública no universitaria, son el síntoma terminal de un abuso perpetrado con absoluta impunidad, por parte de una minoría de maestros y profesores de vocación política antes que docente, fuertemente apologista y de carácter marcadamente partidista, que no han dudado en hacer carrera con su proselitismo sectario, en connivencia con las instituciones públicas y los diferentes gobiernos de las Islas Baleares, para hacerse con las riendas del sector de la enseñanza y transfigurar así sus parámetros educativos en una suerte de catecismo ultra.
Asistimos estos días al hilarante espectáculo de una huelga educativa que reclama calidad educativa, proponiendo como medida reivindicativa para conseguirla la suspensión de la formación de los estudiantes, en algunos casos por imposición o amenaza. Se entiende así cómo los medios utilizados son, en realidad, los fines perseguidos. La deslegitimación de las alternativas democráticas al fracaso educativo de la Logse-Loe revela las verdaderas motivaciones de un sector de los huelguistas, capaz de reclamar diálogo mediante la imposición de recetas que han degradado nuestro sistema educativo hasta la obscenidad.
Más de dos décadas de ideologización educativa han dado ya sus frutos envenenados: analfabetismo funcional y fracaso escolar sin precedentes. ¿Qué calidad educativa reclaman entonces los portavoces de los huelguistas? Ninguna, porque no es la educación lo que les preocupa. Tampoco les preocupan los estudiantes, a los que dejan sin clase para mejorar su “calidad” educativa. Lo que les preocupa es que alguien pueda discrepar de sus posicionamientos ideológicos y reclame su derecho a aprender o su derecho a enseñar, durante estos ejercicios democráticos, monocolor, de exaltación del incivismo y el menosprecio a la legalidad: recordemos que los autoerigidos como representantes de los profesores y maestros de Baleares han pronunciado llamamientos a la insumisión en varias ocasiones, dejando claro que ellos son los que van a imponer las reglas del juego, en una democracia a la carta que hasta la fecha solo ha conseguido lesionar los derechos de los estudiantes y perjudicar, por tanto, su principal interés: aprender.
Casi trescientos alumnos de diversos centros que no comulgaban con el credo verde o el lazo de la imposición lingüística y deseaban seguir recibiendo sus clases, viendo como en sus centros de enseñanza algunos profesores cambiaban sus clases de lengua, matemáticas o historia por talleres de revolución de guardería, se han negado a quedarse de brazos cruzados y han optado por cambiarse de centro. Todos ellos, así como sus familias, están pagando el elevado coste que implica discrepar del fundamentalismo que impone sanciones morales y fusilamientos sociales a los que escapan del dogma oficial y se atreven a denunciarlo.
Los datos personales de la alumna, menor de edad, que se atrevió a denunciar las prácticas amenazantes y totalitarias del director de su centro, como impedir que los profesores que no hacían huelga pudieran adelantar temario, o aleccionar a las familias para que no llevaran a sus hijos al centro, puesto que quedaba expresamente prohibido que sus hijos recibieran clase, fueron difundidos por el denunciado con fines claramente intimidatorios.
Consecuencia inmediata de la publicación de estos datos ha sido la recepción de encarecidas muestras de solidaridad fascista a través de las difusión por internet de un supuesto árbol genealógico de su familia, donde son señalados todos y cada uno de sus miembros al más puro estilo mafioso (nombres y apellidos, lugares de trabajo y centros de escolarización de sus hijos), práctica que recuerda el ejercicio de extorsión a los comercios de Palma ( orquestada desde un departamento de una facultad de la Universitat de les Illes Balears) para que colaboraran económicamente en el sostenimiento de la huelga y cuya rotunda negativa a prestarse al chantaje dio lugar a unas listas donde se señalaba a qué comercios había que boicotear. Sin olvidar a aquellos periodistas que han recibido el cariñoso abrazo del extremismo ideológico por informar de semejantes prácticas en el transcurso de la huelga.
El 7 de enero se convocó a una huelga en el sector educativo en apoyo al director que sacaba a los alumnos de sus clases para hacerles cantar imprecaciones contra un representante público elegido democráticamente, utilizando así a menores de edad, sin el consentimiento de sus padres, en campañas reivindicativas de carácter político, en un ejercicio grotesco y cobarde de abuso de poder que le ha costado una apertura de expediente disciplinario y su cese inmediato como director.
Este es el broche a una campaña de intimidación que ha restado credibilidad a una protesta legítima transformada, finalmente, en un sistemático chantaje institucional que incluso ampara y utiliza prácticas indecentes e ilegales.
Es hora de reivindicar una escuela para todos, sin injerencias políticas que instrumentalicen la enseñanza y la postren al servicio de proclamas ideológicas que suponen una merma en la calidad de la enseñanza. Deseamos maestros y profesores vocacionales, no un comisariado político, sórdido y mediocre, encargado de satisfacer ansias totalitarias contrarias a las sociedades abiertas con deseos de prosperidad. La impunidad por sistema es liberticida y acaba con la convivencia, el respeto, la tolerancia y, en definitiva, con todos aquellos valores de los cuales el maestro debiera ser espejo inmaculado, para sustituirlos por otros como la discriminación, el odio, la intransigencia y el fanatismo.
Muchos de nosotros no hemos apoyado nunca la huelga pero hemos celebrado que nuestros compañeros pudieran ejercer su derecho a protestar de esa manera. Otra cosa distinta son los abusos cometidos por todos aquellos que se creen por encima de la ley y por encima de los demás, y que no dudan en manipular groseramente a padres y madres de alumnos para servir a sus abyectas obstinaciones. La inmensa mayoría de profesionales de la enseñanza no respalda que el fin justifique los medios. Por eso, aquellos que intentan batasunizar la escuela se están aislando cada vez más en la trinchera de su propia vergüenza.
