por Julián Ruiz-Bravo, Profesor
Portavoz adjunto de "PLIS. Educación, por favor".
Publicado en El Mundo/El Día de Baleares, La evaluación externa . 7 de mayo de 201;
Publicado en El Mundo/El Día de Baleares, La evaluación externa . 7 de mayo de 201;
La
Asamblea de Docentes, la asociación de directores ADESMA y las asociaciones de
padres de FAPA anuncian una nueva batalla educativa: el boicot a las
evaluaciones individualizadas que, en aplicación de la LOMCE, se deben hacer a
todos los alumnos de tercer curso de primaria, para, según el artículo 20.3,
conocer “el grado de dominio de las destrezas, capacidades y habilidades en
expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas en
relación con el grado de adquisición de la competencia en comunicación
lingüística y de la competencia matemática”.
Las
razones que esgrimen son las siguientes: no están de acuerdo con unas
evaluaciones que tratan a los alumnos como números y quieren establecer un
ranking de centros. Sin embargo, PLIS. Educación, por favor, asociación de
profesores, quiere desvelar, y demostrar, la verdadera razón oculta, mucho menos noble, de esta oposición: el
miedo corporativista a que los padres puedan conocer el nivel educativo del
centro escolar donde estudian sus hijos.
La
anterior LOE preveía dos evaluaciones individualizadas, con los objetivos de
conocer la adquisición de competencias de los alumnos, diagnosticar problemas y
servir de base para aplicar medidas de corrección pedagógica: al final de
cuarto de enseñanza primaria y al final del segundo curso de educación secundaria
obligatoria. La LOMCE, más ambiciosa,
prevé cuatro evaluaciones individualizadas con los mismos objetivos, una al
final del tercer curso de la enseñanza primaria, no eliminatoria, otra al final
de la enseñanza primaria, no eliminatoria, otra al final de la enseñanza
secundaria obligatoria y otra al final del bachillerato.
Si
los objetivos de las evaluaciones individualizadas LOE y LOMCE son los mismos,
¿por qué estas entidades rechazan ahora, después de años de silencio, las
pruebas contempladas por la LOMCE?. Pues
por algo a lo que la asamblea de docentes, sindicatos y asociación de
directores tiene verdadero pavor: la publicación de los resultados por centros.
Mientras la LOE limitaba la difusión de los resultados de las pruebas a los
propios centros y se la negaba a los padres, la LOMCE, en su artículo 147,
garantiza que los padres conocerán los resultados académicos obtenidos por los
centros donde estudian sus hijos: “se publicarán los resultados de los centros
docentes según indicadores educativos comunes para todos los centros docentes
españoles, sin identificación de datos de carácter personal”
El
lector comprenderá perfectamente lo que se ventila en esta nueva batalla
educativa: el derecho de los padres a conocer el nivel educativo de los centros
donde estudian sus hijos frente al corporativismo profesional, que quiere
impedir la responsabilidad de profesores y equipos directivos.
Si
España, y Baleares en particular, durante las últimas décadas, han ocupado
siempre los últimos puestos en los indicadores internacionales de calidad, es
debido en gran parte al diseño defectuoso de las pruebas de evaluación
individual diseñadas por la LOE. Como
sólo los centros podían conocer el resultado de estas pruebas, negando a los
padres el acceso, se favoreció el oscurantismo y la falta de responsabilidad.
Al no haber publicidad, ningún centro se sentía impelido a realizar los cambios
pedagógicos necesarios. Además, al ser cada comunidad autónoma la encargada de
diseñar estas pruebas, con parámetros y criterios distintos, ningún gobierno
autonómico, para no reconocer el fracaso educativo, ejecutó medidas de
corrección.
La
LOMCE quiere terminar con este oscurantismo y permitir que los padres conozcan
los resultados de las evaluaciones por centros docentes, con criterios e
indicadores comunes en toda España. Para PLIS. Educación, por favor, esto es
deseable no sólo porque es un derecho de cada padre conocer el nivel educativo
del centro de su elección, sino también porque este conocimiento por sí mismo
ejercerá una notable presión en los profesionales docentes de centros con fracaso escolar para acometer
los cambios pedagógicos pertinentes.
Después
de lo dicho, llama la atención que la asociación de padres de alumnos FAPA se
oponga a esta transparencia. No parece coherente que una asociación de padres
quiera negar a los padres a los que representa el acceso a esta importante
información. Si se oponen es porque las asociaciones de padres que componen la
FAPA están dirigidas principalmente por personas que sirven, no a los padres,
sino a ciertos partidos políticos empeñados en convertir la enseñanza en campo
de oposición política.