Carlos Serra Martín y Julián Ruiz-Bravo, Presidente y Secretario de
PLIS. Educación, por favor.
La asociación de profesores
PLIS. Educación, por favor, que defiende una escuela apolítica y sin
adoctrinamiento ideológico,
le dirige la siguiente carta abierta sin exigencia de millones de euros.
Pulse para ver el resto
Pulse para ver el resto
La asociación de profesores “PLIS. Educación, por favor” le felicita por su
nombramiento como Conseller de Educación y Universidad. Usted conoce
bien, desde dentro, el sistema educativo balear y español y nuestra asociación
espera que este conocimiento desemboque en una gestión educativa eficaz.
Saber que hay muchos profesores, muchos más de los que se supone, que comparten
los principios de nuestra asociación, nos anima a dirigirnos a usted para
exponerle algunos de los problemas que, a nuestro juicio, lastran la calidad
educativa balear, en particular, y española, en general.
Usted ha declarado varias veces que quiere alcanzar un pacto y que para
ello hablará con todas las entidades del mundo educativo. Sin embargo, hasta el
momento usted sólo ha preferido hablar con unas determinadas entidades educativas,
próximas a su propio ideario político. PLIS. Educación, por favor cree que debe
cumplir su palabra y convocar a PLIS y a cualquier otra entidad educativa, sin
distinguir a ninguna.
Seguramente seamos de las pocas asociaciones que nos diferenciamos de la
mayoría en que no hacemos depender la calidad educativa del dinero invertido en
educación. Incluso alcanzando la inversión del tan soñado 6% del PIB (que
seguramente es necesaria), no se solucionará el fracaso educativo actual, si no
se acometen antes determinadas reformas.
Estamos seguros de que le interesa conocer la opinión de PLIS. Educación, por
favor. Si nos cita a una reunión, se la explicaremos con detalle. Mientras
tanto, se la ofrecemos en esta carta, con entrada en registro de la Conselleria
y enviada a los medios de comunicación, en forma de diez medidas/reformas que,
a nuestro juicio deben llevarse a cabo lo antes posible:
1.- Tome
las medidas necesarias para lograr mejorar los resultados académicos de
nuestros alumnos. Sin dejar de apoyar la equidad, el principal problema de la
educación española y balear es el bajo nivel académico de nuestros alumnos,
como todos los indicadores internacionales muestran. No permita el
aleccionamiento ideológico y político en las aulas, porque todo lo que sea
ajeno a lo educativo obstaculiza el logro de los objetivos educativos. No
favorezca la idea de que la educación tiene como fin fundamental mejorar una
sociedad defectuosa; apoye, en cambio, el principio de que sólo una buena
formación académica y profesional puede conseguir una mejora de la sociedad.
2.- Tome
las decisiones necesarias para profesionalizar la docencia y hacer del profesor
la piedra angular en el aprendizaje de conocimientos, procedimientos y
habilidades que se manifiesten en competencias. Procure que en los
concursos-oposición compitan por plaza el mayor número posible de aspirantes,
con el objetivo de seleccionar, en primer lugar, a los candidatos con más
formación y conocimiento de sus materias y, en segundo lugar, a los más
competentes pedagógicamente. Eleve la nota de ingreso exigida a todos los
estudiantes que deseen cursar la carrera de Magisterio.
3.- Evite
que ciertos principios pedagógicos, presentados como novedosos pero ya
tradicionales en nuestras escuelas, (educación comprehensiva, educación
inclusiva, metodología constructivista, atención a la diversidad en grupos
heterogéneos, etc.) se conviertan en axiomas, para no malograr la pasión
por el conocimiento de profesores y alumnos.
4.-
Consiga, sin perjuicio de las competencias educativas de la comunidad autónoma,
armonizar los programas de estudio con los del resto de las comunidades
autónomas.
5.-
Potencie las Pruebas de Evaluación de Diagnóstico y las Pruebas de Evaluación
Individualizada, armonizándolas con otras comunidades autónomas. Diferenciar
estas pruebas por comunidades impide el conocimiento real de los resultados de
los alumnos, obstaculiza la transparencia informativa y permite
interpretaciones interesadas por los gobiernos autónomos.
6.- Permita
que los padres conozcan los resultados obtenidos por los centros educativos en
las Pruebas de Evaluación de Diagnóstico y en las Pruebas de Evaluación
Individualizada.
7.-
Apruebe medidas para que los centros escolares sean responsables del
rendimiento académico de los alumnos.
8.-
Consiga que los departamentos de Orientación sean también responsables del
rendimiento académico de los alumnos con necesidades especiales, con
dificultades de aprendizaje y con deficiencias graves de lectoescritura, diseñando
planes pedagógicos y elaborando el material educativo necesario.
9.- Ya
que parece que, en la cuestión de la lengua vehicular, quiere partir del
Decreto de Mínimos y dado que el Decreto de Mínimos tal cual está redactado
está fuera de ordenamiento jurídico, redacte un nuevo Decreto de Mínimos y
Máximos compatible con la Disposición adicional trigésima octava de la
LOMCE, que considere de forma expresa el castellano como lengua vehicular,
instaurando, por tanto, el bilingüismo en los centros educativos, y que,
imponiendo un máximo de horas en catalán o castellano, impida que un centro
imponga el catalán o el castellano como lengua única de enseñanza. Permita que
sean los padres los que ejerzan la libre elección de lengua. En todo caso,
consiga que, para los alumnos con necesidades educativas especiales y
dificultades graves de aprendizaje, la lengua materna sea siempre la lengua
vehicular dominante, con el fin de no añadir más obstáculos a su aprendizaje.
10.-
Respete el derecho que todos los padres tienen de recibir puntual conocimiento
de todas las actividades complementarias y extraescolares desarrolladas en el
centro (exposiciones, campañas de solidaridad, campañas de educación sexual,
etc), sobre todo de aquéllas que supongan una formación ético-social.
Finalmente,
como postdata, tome siempre sus decisiones respetando el marco jurídico, sin
ceder nunca a los que le piden que dicte resoluciones, decretos o decretos-ley
contrarios a las leyes de mayor rango vigentes.
