El actual ministro de Educación Íñigo
Méndez de Vigo parece escenificar el arrepentimiento del gobierno
ante su reforma educativa, la LOMCE, cuyo espíritu inicial acaba de
recibir la última estocada mortal.
Palma, 4 de mayo de 2016
En su articulado original, la ley
educativa del partido popular proponía devolver ciertas competencias
al Estado, en detrimento del monopolio del que gozaban las
comunidades autónomas en materia educativa. El establecimiento de
evaluaciones externas de diagnóstico (3º y 6º de primaria) y de reválidas (4º
de ESO y 2º Bachillerato) debía correr, ahora, a cuenta del Estado,
siendo éste el que determinara unos contenidos comunes en toda
España y unas pruebas de evaluación parecidas, si no idénticas, en
todo el territorio español. El propósito de esta medida era
múltiple
En primer lugar, favorecer la igualdad
de oportunidades: las mismas pruebas para todos los alumnos
españoles.
En segundo lugar, favorecer la
transparencia: los resultados debían ser públicos para que los
padres conocieran de primera mano los resultados de todos los centros
educativos y, así, poder matricular a sus hijos conociendo
exactamente el nivel del centro escogido en relación con todos los
demás centros.
En tercer lugar, se eliminaban
preponderancias o injerencias de las comunidades, que despedazaban el
sistema educativo en 17 sucedáneos de educación, quedando prohibida
la enseñanza de lengua española en las comunidades bilingües,
donde el nacionalismo está por encima de la ley.
En cuarto lugar, se acababa con la
impunidad de los profesionales que negaban toda responsabilidad en
el fracaso escolar de sus alumnos, echándole la culpa a los malos
tiempos que corren y a los dispositivos electrónicos.
Quedaba establecido así el principio
de rendición de cuentas, que permitía obtener responsables de los
resultados académicos ,y, por tanto, mejorar la eficacia del sistema.
Nada de esto será posible gracias a
que el Estado abandona el compromiso de informar de los resultados de
los centros a sus ciudadanos, puesto que éstos solo se publicarán
en cada comunidad educativa, como acaba de declarar el tacticista
ministro de Educación Méndez de Vigo. En la práctica, esto supone
que seguirá sin haber manera de saber si los niños aprenden o no y,
por tanto, el sistema seguirá blindado ad infinitum.
El boicot a las pruebas de 6º de
primaria responde a la lógica perversa de mantener el interés del
cuerpo funcionarial de docentes por encima del derecho de los alumnos
a recibir una buena formación. Al devolver las competencias a las
comunidades se regresa a la mediocridad y el fracaso de siempre.
Méndez de Vigo ha inaugurado una nueva etapa de oscurantismo en la
que se le hurta a la opinión pública su derecho a conocer y a
criticar el sistema educativo. Adiós a la transparencia y a la
rendición de cuentas.
