jueves, 12 de julio de 2018

El castellano moribundo. Código Puk

José Luis Miró

El Mundo, 12 de julio de 2018


NO MALPENSEMOS. Si la UIB apunta en una lista el nombre de los alumnos que piden el examen de selectividad en castellano -«que levanten la mano, por favor»-, no es para decantar a los buenos estudiantes que fan país de los descarriados que han tomado la senda infausta del españolismo, qué va. Esto es así porque a nadie se le ha ocurrido poner dos montones de exámenes sobre una mesa para que cada aspirante coja el que mejor le convenga o plazca. Pero, insisto, no seamos tan suspicaces y analicemos el asunto desde una perspectiva distinta.

De entre los 13.000 estudiantes que se presentaron a las pruebas de junio, únicamente 108 hicieron uso de su «derecho lingüístico» a recibir los enunciados de las preguntas en la lengua común española. «Muy pocos», como bien concluye el presidente del tribunal evaluador, Joan Antoni Mesquida. Lo cual nos lleva a razonar legítimamente que el catalán, tras más de 30 años de discriminación positiva y cientos de millones de euros que no se destinaron a la sanidad, la dependencia o, en los peores años de crisis, a combatir la pobreza infantil, está por fin normalizado entre la comunidad estudiantil balear, mientras que el castellano se encuentra -números cantan- al borde mismo de la extinción.
Porque, no nos engañemos, sólo existen estas dos posibilidades: o la universidad pone trabas al acceso de las pruebas en castellano -lo que ya hemos dicho que no puede ser- o el catalán goza de una salud envidiable que se traduce en el elocuente marcador de la selectividad.
Comoquiera que las autoridades académicas y políticas niegan indignadas lo primero, deberían aceptar por fuerza el diagnóstico que se extrae de lo segundo y, en consecuencia, adoptar las dos siguientes medidas: una, paralizar las ayudas públicas a las asociaciones que no viven de las cuotas de sus socios, los medios sin lectores, las empresas sin clientes y el resto de parásitos que han hecho de la normalización lingüística su modus vivendi; y dos, derogar por innecesaria la Ley 3/1986 o, en su defecto, sustituir la protección del catalán por la del moribundo castellano en el ámbito educativo, donde, pese a su condición de lengua cooficial reconocida en el Estatuto de Autonomía, a día de hoy no lo elige para examinarse ni el 1% de la población escolar.
En Baleares, vista la radiografía que nos ha ofrecido la selectividad, se estarían empezando a dar con el español las condiciones que en los 80 justificaron las ayudas al catalán. Siguiendo el más elemental criterio de reciprocidad, correspondería en este punto destinar ingentes recursos públicos al fomento de su uso en las aulas. Ahora que todavía late en el pulso de 108 románticos.