“La actual crisis sanitaria se está convirtiendo en la mayor crisis económica vivida, con caídas históricas del PIB. Es por ello, entre otros motivos, que ligar la financiación del sistema educativo como porcentaje del PIB, tal como pretendía el Anteproyecto de Ley Educativa de las Islas Baleares, es un error”
Palma, 12 de abril de 2020
El Anteproyecto de Ley Educativa de las Islas Baleares, en la disposición adicional 15, incluía como objetivo de financiación del sistema educativo de alcanzar, en ocho años, el 5% del PIB. Un objetivo que aparentemente tenía que suponer para los próximos años un incremento importante de recursos dedicados a la docencia. Sin embargo, de haberse aprobado, con las caídas esperadas de PIB hubiese conllevado una drástica reducción de recursos.
Efectivamente, si se produce una disminución del PIB Balear de entorno el 10%-12%, tal como señalan algunos centros de estudios, supondría, ni más ni menos, una disminución de entre 100 y 120 millones de euros en las partidas dedicadas al sistema educativo. Cifras de una dimensión difícil de manejar que suponen una fuerte ruptura de la necesaria estabilidad del sistema.
Por otra parte, mantener la financiación de educación ligada a un porcentaje del PIB aumentaría la brecha entre comunidades autónomas, ya que gozarían siempre de mayor financiación las comunidades autónomas ricas, con un PIB más elevado.
En cualquier caso, establecer como meta un determinado porcentaje de gasto, está desaconsejado por los principales organismos económicos internacionales, al considerar que, en primer lugar, hay que poner más énfasis en la utilización eficiente de los recursos. De hecho el gasto público no es un bien en sí mismo; por lo que tan importante como su crecimiento, lo es, sobre todo, que éste se realice mejor.
Por ello, desde PLIS, Educación por favor, proponemos que se busquen fórmulas alternativas como objetivo de financiación, tal como puede ser calcular el coste efectivo de cada servicio tal como recomiendan las buenas prácticas de la administración y los principios objetivos de transparencia. Para, a partir del mismo, poder establecer un objetivo realista de dotación económica por estudiante a corto y medio plazo.
