El consejero de Educación sabe que las sentencias del Tribunal Supremo, que obligan a un mínimo del 25% en castellano, son ya jurisprudencia, pero también sabe que los padres que quieran recurrir a un contencioso contra la Consejería deben gastarse mucho dinero.
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Palma, 13 de octubre de 2020
"La Consejería de Educación nunca atiende a las reclamaciones lingüísticas que exigen respeto a los derechos de los castellanohablantes, da largas, deja pasar el tiempo con la finalidad de diluirlas, porque, aunque sabe perfectamente que la inmersión obligatoria es ilegal, también sabe que los padres que quieran acudir a los tribunales deben gastarse mucho dinero y pasar mucho miedo, por quedar expuestos a los señalamientos de los catalanistas; no es por otra cosa que el dinero de las subvenciones solo llega, y generosamente, a las entidades catalanistas".
PLIS remitió en junio de 2020, con entrada de registro, a la Conselleria denuncia de que la mayor parte de los proyectos lingüísticos de centros de Baleares no cumple el ordenamiento jurídico, que obliga a considerar el castellano lengua vehicular, a impartir en castellano al menos el 25% de las horas lectivas de atención directa al alumno, a impartir al menos una materia troncal, además de Lengua Castellana, en castellano, a habilitar una vía para permitir la elección de lengua de primera enseñanza. También remitió la queja al Defensor del Pueblo., "Pues bien, ni ha respondido a PLIS ni al Defensor del Pueblo".
PLIS. Educación, por favor, asociación de profesores libres de ingeniería social, está indignada por la calculada estrategia de la Consejería de no responder nunca a cualquier queja, reclamación o petición que tenga como objeto respetar los derechos lingüísticos de los castellanohablantes reconocidos por la ley en la enseñanza.
Estas son algunas de las últimas NO RESPUESTAS:
- PLIS pidió los proyectos lingüísticos de los centros de Baleares en diciembre de 2018 y solo un año y tres meses después, tras obligarle a ello el CRAIP o Comisión de garantías de acceso a la información pública, los entregó.
- PLIS pidió, en diciembre de 2018, el "presunto" informe de inspección, elaborado por el inspector jefe Arbós, en que se decía que los libros de texto denunciados por PLIS como adoctrinadores, especialmente de la editorial Anaya y Santillana, no adoctrinaban; y no se ha librado el informe.
- PLIS pidió que se instase a los centros de enseñanza a que permitieran la libre elección de lengua de primera enseñanza; y aún no ha contestado ni hecho nada.
- PLIS pidió, en junio del 2020, que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, cursara a los centros escolares instrucciones precisas para que los proyectos lingüísticos incluyeran la obligación, fijada por jurisprudencia y avalada por el Defensor del Pueblo, de reservar al menos un 25% de las horas lectivas en castellano; y aún estamos esperando.
- El Defensor del Pueblo pidió, en Julio de 2020, y luego, por vía de urgencia, en Octubre, toda la información sobre por qué los centros no incluyen en sus proyectos lingÜísticos la reserva del al menos el 25% de las horas lectivas en castellano, la elección de lengua de primera enseñanza, por qué los alumnos con dificultades graves de aprendizaje no podían estudiar en su lengua materna, por qué los alumnos castellanohablantes recién incorporados no pueden al menos estudiar un curso puente en castellano; y aún el Defensor del Pueblo espera respuesta.
- PLIS y diversas asociaciones pidió que se cesara al director del IES Sant Agustí por intentar obligar a un profesor de inglés a hablar en castellano con compañeros, padres y alumnos, en contra de la legislación y de lo dispuesto en el propio proyecto lingüístico del centro; y no ha dado ninguna respuesta.
- Padres han pedido que se obligara a los centros a satisfacer su derecho a que sus hijos reciban primera enseñanza en castellano (derecho que se ha exigido en los impresos de matrícula), como expresamente determina el artículo 18 de la Ley de Normalización; y los centros han desoído sus peticiones y la inspección ni ha contestado a los padres ni se ha dirigido a los centros.
La Conselleria solo sabe negar los derechos de los castellanohablantes, creyendo infantilmente que con ello protege el catalán, sin preocuparle lo más mínimo los perjuicios y serios daños en la formación de los alumnos, especialmente en los alumnos con dificultades de lectoescritura, con dificultades de aprendizaje, con necesidades específicas graves, de incorporación tardía. La inmersión es para Martí March dogma sagrado, sin, como dogma religioso, ninguna excepción.
"La escuela no está para enseñar y facilitar el aprendizaje, sino para intervenir y controlar al alumno y, a través de él, a sus familias".
