Ante la noticia publicada en El Mundo, sobre el intento de imponer el catalán a un profesor de inglés de Ibiza en sus comunicaciones con profesores, padres y alumnos, PLIS. Educación, por favor hace constar que ninguna ley ni decreto estatal ni autonómico contempla esta obligación.
Palma, 17 de Septiembre de 2020
"Se ha instalado la falsa idea de que la inmersión lingüística completa, no solo en el desarrollo de las clases, sino también en todos los ámbitos del centro, incluidas las relaciones entre profesores, entre profesores y padres y profesores y alumnos, es legal y que un proyecto lingüístico puede decidir que la única lengua del centro sea el catalán, exceptuando las materias lingüísticas. Pues no es verdad".
Ninguna norma legal contempla en su articulado que las relaciones entre profesores, las reuniones de profesores con padres y con alumnos deban ser en catalán. Ni siquiera el proyecto lingüístico del instituto de Ibiza investigado por El Mundo, lo contempla. PLIS emplaza al director del IES Sant Agustí a que publique una sola línea de su proyecto lingüístico donde se diga tal cosa. La reunión Director-profesor de inglés-Coordinadora Lingüística, recogida en en acta, difundida por El Mundo, demuestra que el Director y la Coordinadora de la Comisión Lingüística mienten y quieren hacer creer al profesor que el proyecto lingüístico dice lo que no aparece en el proyecto lingüístico. "O no conocen sus propias normas o se comportan con absoluto cinismo"
Por otra parte, PLIS no puede dejar de indignarse ante la degradación de la función pública que representa el director del IES Sant Agustí. "Decir o permitir decir que las normas de funcionamiento de centro están por encima de los derechos individuales es más propio de un funcionario de estado totalitario, tipo fascista o comunista, que de un funcionario de un estado democrático".
Además de lo dicho, PLIS quiere dejar claro que, incluso en el desarrollo de las clases, la inmersión lingüística total es ilegal, ya que la LOMCE y varias sentencias del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo obligan a que al menos el 25% de las horas lectivas deben impartirse en castellano, con una asignatura troncal como mínimo.
