La asociación de profesores PLIS. Educación, por favor denuncia que la Consejería de Educación es la institución que más vulnera los derechos lingüísticos.
Palma, 13 de diciembre de 2020
"Sobre la mesa del consejero de educación hay ahora mismo denuncias de padres por no poder ejercer el derecho a recibir primera enseñanza en castellano, como permite la ley, de padres que reclaman recibir comunicaciones escolares también en castellano, como permite la ley, de la propia asociación de profesores PLIS, que exige que se modifiquen los proyectos lingüísticos por no dedicar un mínimo del 25% de las horas lectivas en castellano, como exige la ley y la jurisprudencia. Pues bien, este consejero, que permite infringir la ley para vulnerar derechos lingüísticos de los castellanohablantes es el mismo que con grandilocuentes palabras ha abierto recientemente una Oficina de Derechos Lingüísticos para defender los derechos de los catalanohablantes".
Para el gobierno balear, parece ser que el hecho de que la propia administración vulnere los derechos de los castellanohablantes es mucho menos grave que el que un particular vulnere los derechos de los catalanohablantes, cuando es justo lo contrario. "Se ha instalado como normal el comportamiento de gobiernos despóticos, que a la vez que se sitúan por encima de la ley aplican la ley que les interesa con todo su rigor a los ciudadanos".
La Oficina de Derechos Lingüísticos no solo es una burla cínica, sino también un artefacto ideológico más, de tipo clientelar para colocar a amigos y para, a cargo de los impuestos que pagan también los castellanohablantes, discriminar lingüísticamente a estos en nombre de la no discriminación. "Es simplemente una coartada para seguir discriminando a los castellanohablantes".
"El discriminador lingüístico profesional, el señor March, se convierte en adalid de la no discriminación".
