Por Joan Font Rosselló
El anuncio en primera plana y a cuatro columnas por parte del rotativo Última Hora de que el consejero Martí March podría estar negociando con Més y Podem-Illes Balears la ampliación de las horas en español en las aulas baleares debe leerse como un aviso a todo aquel navegante con veleidades de cuestionar la dictadura lingüística que rige la enseñanza no universitaria de las Islas.
Se trata de un ataque preventivo en toda regla contra March antes de que unas meras » propuestas» a sus socios de gobierno terminaran sustanciándose en, ahora sí, enmiendas reales a la ley de educación balear con la que el de Pollença quiere pasar a la posteridad.
En circunstancias normales y de tratarse de un tema efectivamente «superado», como vienen repitiendo las mesnadas catalanistas, las intenciones del consejero del ramo y las negociaciones a puerta cerrada entre grupos parlamentarios que respaldan al equipo de gobierno apenas deberían tener trascendencia alguna, máxime cuando ni siquiera estas propuestas se han formalizado en forma de enmiendas registradas en la cámara balear y, en consecuencia, en objeto de debate en el seno de las ponencias que a tal efecto se llevarán a cuenta en breve de la ley de educación balear, llamada también como la ley March.
Sin embargo, el hecho de que estas pérfidas «intenciones» de March salieran a bombo y platillo, filtradas por fuego amigo o por los propios negociadores separatistas de Més, en un periódico de afinidades nacionalistas como Última Hora, nos advierte de que el pancatalanismo está dispuesto a todo, también al ataque preventivo, con tal de que nadie ponga en duda el «consenso» lingüístico que en su opinión impera en las islas.
En realidad, si retrocedemos unos diez años atrás, observamos cómo la campaña contra el otrora presidente José Ramón Bauzá a cuenta del trilingüismo se inició mucho antes de que éste revelara sus planes de aprobar su propuesta trilingüe. Bauzá sufrió los mismos ataques preventivos, es decir, se le atacó en primera instancia por miedo a lo que podía hacer, no por lo que ya había hecho. Los mismos que orquestaron aquella campaña infame de intoxicación contra Bauzá son los mismos que ya le han advertido al pollencí de que la política lingüística del Pacte es intocable y que, de no obedecer sus consignas, acaba de cavar su propia tumba.
En efecto, Més ha agitado viejos fantasmas: «Si quieren otra oleada de manifestaciones de 100.000 personas de verde, van por buen camino», amenaza que, naturalmente, ha debido acoquinar a un March y a un PSIB que, en parte gracias a aquel movimiento callejero al que se permitieron todo tipo de tropelías y flagrantes ilegalidades que quedaron impunes, lograron desacreditar a Bauzá y al PP antes de auparse al poder en 2015.
Consciente de ello y de la nueva leyenda de los «cien mil manifestantes» en la calle que se utiliza a modo de presión, March ha salido a la palestra poco menos que pidiendo perdón no tanto por sus acciones como por sus «intenciones», afirmando que sin el acuerdo de Més y Podem el grupo parlamentario socialista no presentará ninguna enmienda a la ley educativa en ciernes.
El todavía consejero de Educación ha querido tranquilizar al respetable apuntando a un obligado «consenso» como conditio sine qua non para dar luz verde a la vehicularidad del español en las aulas, bendecida por los tribunales de Justicia, por otra parte. Como le ha recordado el grupo de profesores PLIS Educación Por Favor en una nota de prensa, si finalmente los socialistas se decidieran a apoyar los deseos íntimos de March, «42 (PSIB, PP, C’s y VOX) de 59 diputados, casi un 73%, avalarían la propuesta de enmienda del PSIB para convertir en vehicular la lengua común de todos los españoles».
Esto sí que sería consenso social, real y efectivo, avalado por las urnas, no el fantasmagórico «consenso lingüístico» del que hablan los separatistas de Més, una formación que ha hecho de la industria política montada en torno a la lengua catalana su único modo de vida y sustento.
Si March quiere legislar en base a consensos reales y verdaderamente democráticos, lo que tiene que hacer es registrar sus propósitos de enmienda en la cámara balear y ver lo que pasa. No lo hará porque el falso consenso del que en vano se llenan la boca sus socios de Més saltaría por los aires. Lisa y llanamente, les pondría en evidencia. Y nunca, nunca, se lo perdonarían.
