Nada menos que 42 de 59 diputados, casi un 73%, avalarían la propuesta de enmienda del PSIB para convertir en vehicular la lengua común de todos los españoles
Eco en OK Baleares
Palma de Mallorca, 24 de septiembre de 2021
Desde PLIS Educación nos preguntamos a qué tipo de “consenso” apela el consejero de Educación, Martí March, para rechazar su propia propuesta de convertir en vehicular el castellano en las aulas de Baleares. ¿Acaso no es contar con un amplio consenso tener el apoyo de 42 diputados -los que suman PSIB, PP, C’s y VOX- de 59 diputados que conforman la cámara balear, nada menos que un 73% de los representantes baleares? La institución que por excelencia mide “consensos” objetivos y actuales no es otro, precisamente, que el parlamento en el que está representado el pluralismo ideológico de una sociedad. Y es precisamente en el parlamento balear donde Martí March no se atreve a llevar sus propuestas y así tener la oportunidad de visualizar y ponderar el grado de consenso real con el que contaría la conversión del español en lengua vehicular, todo por su temor reverencial a sus socios de Més a los que no quiere disgustar en modo alguno por obvias razones, anteponiendo la ocupación del poder a la razón, a las sentencias de los tribunales y al sentido común.
PLIS Educación considera que March se equivoca cuando dice que no quiere resucitar “ningún conflicto” ni “confrontación lingüística” como si apostar por que el español sea lengua vehicular, como le exigen por otra parte los tribunales de Justicia, siendo además un deseo ampliamente compartido por la sociedad balear incluso para muchísimos votantes socialistas, debiera provocar un “casus belli” social cuando es precisamente todo lo contrario. Son quienes se inventan conflictos inexistentes desde fantasmagóricas oficinas de “derechos lingüísticos”, o los que amenazan con otro movimiento anti-TIL, los que han hecho del “conflicto” y de la tiranía lingüística, una vez aplastada la discrepancia, su modus vivendi y operandi.
Tampoco tiene razón March cuando invoca una y otra vez al manido decreto de mínimos de 1997 aprobado por Jaume Matas para sostener, junto con sus socios de Més, que no va a quebrar el consenso de los últimos veinticinco años. En realidad, este “consenso” histórico, si alguna vez existió, ha dejado de existir con la propia evolución demográfica y política de la sociedad balear y con el abuso que se ha venido haciendo de este mismo decreto de mínimos cuyo espíritu original no era precisamente el de convertirse en el trampolín jurídico y la excusa política para implantar una inmersión lingüística que, esa sí, no cuenta con ningún consenso social.
