Su oferta de incorporar el castellano como vehicular, sin fijar porcentaje, fue solo una estratagema para conseguir la abstención de la oposición y pasar mejor el filtro de constitucionalidad.
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Palma, 21 de Febrero de 2022
Es deprimente comprobar que, para el gobierno actual, como para ese conjunto de asociaciones y sindicatos pro inmersión, el término castellano, o español, se ha convertido en palabra maldita, tabú. Para todos ellos, no solo dar algunas clases en castellano, sino el mero hecho de "nombrarlo", es atacar el catalán. La intolerancia y fanatismo desconocen el sentido común.
Martí March intentó engañar durante meses a la oposición, especialmente al PP, al pedirle la abstención a cambio de un redactado genérico en el que el castellano apareciera como lengua de enseñanza, sin ningún compromiso de llevarlo a cabo.
"Finalmente, todo se ha desvelado. Ha bastado con una amenaza de fanáticos de volver a convocar las camisetas verdes para que Martí March, temeroso y atemorizado, haya quedado al desnudo y se le haya caído su careta de negociador".
Sin embargo, PLIS advierte de que, aunque desaparezca la mención al castellano, este sigue siendo obligatoriamente vehicular, pues una ley autonómica es de rango inferior a la jurisprudencia y doctrina del Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional, que imponen la obligación de impartir en español al menos el 25 por ciento del horario lectivo.
Los directores deben saber que su obligación sigue siendo, por mucho que la ley balear esconda el término "castellano", incorporar a los proyectos lingüísticos de sus centros el español como lengua de aprendizaje. Si no lo hacen, incumplirán el ordenamiento jurídico, por lo que sufrirán las consecuencias administrativas e, incluso, penales por su infracción.
