miércoles, 28 de septiembre de 2022

PLIS acusa a Martí March de mentir cuando afirma que solo diez familias han solicitado que el español sea lengua vehicular.

 Martí March utiliza el parlamento para dar el dato que más le interesa, que hay 10 familias, de las más de 110, que ya han llegado a la fase de juicio contencioso o están a punto de llegar.

          Cuando el consejero afirma que los centros proyectos lingüísticos los aprueban los consejos escolares es porque sabe que las sentencias del TSJIB aprobarán el 25%, ante lo cual, de forma poco honorable, se intenta salvar a sí mismo de la responsabilidad para trasladarla al director y consejos escolares. 

Eco en Última Hora

Eco en Diario de Mallorca

 

Palma,  28 de septiembre de 2022

 


"Para contestar en sede parlamentaria a una pregunta de un partido político, el Consejero de Educación debe preguntar a todos los directores si han recibido solicitud de padres reclamando que que se imparta en castellano al menos el 25 por ciento del horario lectivo y en al menos una área/materia/asignatura no lingüística troncal o de carácter análogo. Si no ha preguntado demuestra una falta total de rigor y profesionalidad y, si ha preguntado, ha ocultado datos"

El Consejero quiere hacer creer que solicitar un derecho es algo sencillo y rápido, cuando es todo lo contrario, ya que la administración tiene una serie de privilegios procesales desesperantes para el ciudadano. "Primero hay que solicitar el derecho al 25 por ciento en castellano al director del centro. Segundo, el director tiene tres meses para contestar. Tercero, el solicitante tiene un mes para interponer recurso de alzada. Cuarto, el Consejero de Educación tiene tres meses para contestar. Quinto, el solicitante tiene dos meses para interponer recurso contencioso ante los tribunales. Sexto, una vez interpuesto el TSJIB puede tardar meses o años en responder. Total, se precisan unos nueve meses para llegar a las puertas del TSJIB y entre un año o tres para obtener sentencia".

Los diez casos que Martí March indica corresponden a diez solicitudes que fueron contestadas rápidamente por los directores correspondientes y llegaron antes de las vacaciones escolares unos ante la consejería en alzada y otros ante el TSJIB en contencioso. "Pero la realidad es que hay más de 100 solicitudes que los directores no contestaron dejando pasar los tres meses de plazo máximo, cumplidos durante las vacaciones escolares. Estas solicitudes entrarán en alzada en unos días."

Martí March insinúa que 10 familias solicitantes de español como lengua vehicular son pocas, algo que PLIS rechaza "porque 10 familias que tengan que esperar meses y meses a que se resuelva su solicitud, exponerse mientras tanto a las presiones de directores y profesores, vencer el miedo a represalias y gastarse el dinero que tal vez no tienen en entablar un juicio contencioso significa que hay cientos de familias que no se atreven a ser héroes y abandonan".

También dijo Martí March en el Parlament que ninguna sentencia ha obligado a ningún centro  balear a impartir en castellano el 25% del horario lectivo. "Este es un argumento asombroso, justo cuando contra él se han interpuesto ahora mismo 10 recursos contenciosos. Es como el ladrón que dice que aún no lo han pillado ni le han condenado. Es cuestión de tiempo; le irán llegando sentencias condenatorias"


Finalmente hay que recordar a Martí March que hay dos responsables de la ilegalidad de los proyectos lingüísticos: en primer lugar, los directores, no los miembros del consejo escolar, porque son los directores, garantes de que la ley se cumpla en los centros, los únicos que pueden elaborar el proyecto lingüístico que llegue al consejo escolar, no pudiendo este plantear textos alternativas; y, en segundo lugar, el consejero de educación, que debe informar a los directores del marco jurídico al que los proyectos lingÜísticos deben ajustarse, marco jurídico que el defensor del pueblo le había traslado directamente, a partir de una queja de PLIS". Pero el consejero ya está preparando la puerta de salida y afirma cada vez que le preguntan que los únicos responsables de los proyectos lingüísticos son los miembros del consejo escolar. Esta insistencia solo significa una cosa, que utiliza a los directores y consejo escolar como conejillos chivos expiatorios ante las sentencias que se avecinan.