Palma, 13 de enero de 2015
Eco en ABC
La asociación de profesores se ha mostrado convencida de que la Consellera de Educación ha fijado una hoja de ruta hasta las elecciones que consiste en recuperar urgentemente la paz social y no gobernar, dejando en los centros un preocupante vacío de poder, que ha ocupado la Asamblea de Docentes. Esta hoja de ruta supone una dejación grave de funciones y de responsabilidad del gobierno.Ha denunciado que en los centros se infringe la ley al permitirse claustros que toman decisiones sobre asuntos ajenos a las competencias legales de los claustros, con total indiferencia por parte de la conselleria. También le ha hecho saber que muchos directores han tomado decisiones sin amparo legal, como recuperar el decreto de mínimos. A pesar de que se han cursado denuncias de estas infracciones ante la inspección y ante la conselleria, ni la inspección ni la conselleria han tomado hasta el momento cartas en el asunto, limitándose a guardar silencio y a no informar a los denunciantes de la tramitación de sus denuncias.
Ha hecho hincapié en la inoperancia de la Inspección Educativa, que no
actúa cuando se infringe la ley y que no sólo no tramita las
reclamaciones que ante ella se presentan sino que nunca informa a los
denunciantes.
Le ha transmitido la necesidad de que la LOMCE se aplique en los plazos previstos. Cualquier dilación en su aplicación es una setencia de muerte de una ley que, a juicio de PLIS, a pesar de evidentes defectos, es mucho mejor que la ley anterior.
Le
ha exigido que defienda con claridad
una política educativa no ideologizada, la búsqueda de la excelencia
educativa
que se refleje en los resultados académicos, el liderazgo directivo en
la
autonomía pedagógica y de recursos humanos, la responsabilidad de los
equipos
directivos en el éxito o fracaso escolar de los alumnos, la rendición de
cuentas, la defensa de la normalización vehicular de las dos lenguas
oficiales, la pofesionalización del departamento de orientación, etc.
Aunque
PLIS se ha mostrado escéptico con sus promesas, el director general se
ha comprometido a pedir a Inspección educativa un informe detallado de
todas las reclamaciones y denuncias que obran en su poder; a ser
transparente en la tramitación de los mismos; a recordar a los
directores de los centros que los claustros no pueden votar nunca
cuestiones ajenas
a las competencias que les adjudica la ley; a recordar a los directores
que la autonomía se ha de desarrollar siempre de acuerdo a un marco
normativo; a hacer cumplir los derechos lingüísticos de los alumnos y
padres; a garantizar la implantación del trilingüismo para el curso que
viene; a no dilatar la aplicación de la LOMCE.
El
director general no se ha comprometido, en cambio, a de defender el
TIL en los centros con proyecto aprobado antes del 24 de septiembre y a
redactar un marco normativo nuevo para los proyectos lingüísticos no
aprobados antes del 24 de septiembre.