por Julio Calvo Iglesias
Uno de los debates más vivos y, si se me permite, más absurdos de los
últimos años es el debate educativo sobre el papel de la iniciativa
privada en la prestación de este servicio básico y el grado de apoyo con
que debe contar por parte de los poderes públicos.
Creo que está fuera de discusión que la educación es un derecho
universal que garantiza, como ningún otro, la igualdad de oportunidades,
que es a su vez uno de los pilares en que se asienta una democracia
avanzada: que nadie deba quedar anclado de por vida por razón de
nacimiento en un determinado estatus socioeconómico. No por falta de
oportunidades.
Pero la educación es una inversión, un gasto necesario del que se
espera que los ciudadanos y la sociedad extraigamos una rentabilidad (no
sólo económica), cuanto más elevada, mejor. Y hoy por hoy es evidente,
por razones fundamentalmente presupuestarias, que la Administración
pública no puede brindar toda la oferta que la sociedad reclama y
necesita. A ello hay que añadir el derecho a la libertad de elección del
tipo de enseñanza que los padres desean para sus hijos. En ese
contexto, sólo la iniciativa privada puede suplir la insuficiencia de
recursos públicos y garantizar esa libertad de enseñanza. Y puesto que
la iniciativa privada es legítima y soluciona esa demanda social, nada
contraindica que se incentive y apoye desde los poderes públicos, sin
que por ello éstos abandonen su responsabilidad en la materia. El
concierto educativo cumple ese papel de apoyo e incentivo, ahorra
recursos al Estado y contribuye a hacer efectiva la libertad de
elección. Sólo desde una óptica sectaria puede discutirse.
Las cifras, además, confirman las preferencias de la sociedad. En
Zaragoza capital este año han ofertado plazas de primero de infantil 49
colegios concertados con un total de 2.775 plazas y 74 colegios
públicos, con 3.673 plazas. A ellos hay que sumar los colegios
estrictamente privados, sin concierto educativo. Pues bien, 18 colegios
concertados recibieron más solicitudes que plazas ofertadas, frente a 11
colegios públicos en la misma situación. Y en general, por cada 100
plazas que ofertaron los colegios concertados se presentaron 94
solicitudes, mientras que por cada 100 plazas en los colegios públicos
se presentaron 64.
No hay duda de que uno de los factores determinantes en la elección
de colegio, y más en esas edades tempranas, es la cercanía del centro al
domicilio o lugar de trabajo de los padres. Un criterio de elección que
claramente favorece a los colegios públicos, puesto que hay más y por
ello mismo es más probable que satisfagan ese criterio de proximidad.
Pero es evidente que ese no es el factor más importante. Los colegios
concertados parecen, pues, suscitar una mayor confianza, merecida o
inmerecida, que no debería suponer un descrédito para la enseñanza
pública, pero que tampoco puede ignorarse. Es la elección de los padres,
y debe respetarse.
Hay ejemplos en Europa que demuestran que el modelo español, que
conjuga la libertad de enseñanza con el derecho a recibirla (lo que a su
vez exige que los poderes públicos provean ese servicio) no es insólito
ni desacertado, sino que es similar al de otros países avanzados.
Es por eso que el debate educativo debería desplazarse a otro aspecto
de mucho más interés para nuestro futuro como país, que es el de su
calidad y su rendimiento, hoy claramente mejorables.
Informes estudios
- Inicio
- Quiénes somos
- Nuestros principios
- Asociados, simpatizantes y donativos
- Contacto
- Normativa
- Artículos
- Notas de prensa
- Informes estudios
- Blogs recomendados
- Estudio SCB PLIS sobre adoctrinamiento en libros de texto
- 2L2 EPLIB. Estudio de los proyectos lingüísticos de centros educativos de Baleares, Enseñanza Infantil y Primaria.
- Tablón
- Petición de enseñanza en castellano, mínimo 25%
- Solicitud de Lengua de Primera Enseñanza
- Denuncia de símbolos, carteles, etc. políticos
- Petición para recibir información en español