sábado, 10 de octubre de 2015

Libertad de enseñanza, libertad de elección

por Julio Calvo Iglesias

Uno de los debates más vivos y, si se me permite, más absurdos de los últimos años es el debate educativo sobre el papel de la iniciativa privada en la prestación de este servicio básico y el grado de apoyo con que debe contar por parte de los poderes públicos.


Creo que está fuera de discusión que la educación es un derecho universal que garantiza, como ningún otro, la igualdad de oportunidades, que es a su vez uno de los pilares en que se asienta una democracia avanzada: que nadie deba quedar anclado de por vida por razón de nacimiento en un determinado estatus socioeconómico. No por falta de oportunidades.

Pero la educación es una inversión, un gasto necesario del que se espera que los ciudadanos y la sociedad extraigamos una rentabilidad (no sólo económica), cuanto más elevada, mejor. Y hoy por hoy es evidente, por razones fundamentalmente presupuestarias, que la Administración pública no puede brindar toda la oferta que la sociedad reclama y necesita. A ello hay que añadir el derecho a la libertad de elección del tipo de enseñanza que los padres desean para sus hijos. En ese contexto, sólo la iniciativa privada puede suplir la insuficiencia de recursos públicos y garantizar esa libertad de enseñanza. Y puesto que la iniciativa privada es legítima y soluciona esa demanda social, nada contraindica que se incentive y apoye desde los poderes públicos, sin que por ello éstos abandonen su responsabilidad en la materia. El concierto educativo cumple ese papel de apoyo e incentivo, ahorra recursos al Estado y contribuye a hacer efectiva la libertad de elección. Sólo desde una óptica sectaria puede discutirse.

Las cifras, además, confirman las preferencias de la sociedad. En Zaragoza capital este año han ofertado plazas de primero de infantil 49 colegios concertados con un total de 2.775 plazas y 74 colegios públicos, con 3.673 plazas. A ellos hay que sumar los colegios estrictamente privados, sin concierto educativo. Pues bien, 18 colegios concertados recibieron más solicitudes que plazas ofertadas, frente a 11 colegios públicos en la misma situación. Y en general, por cada 100 plazas que ofertaron los colegios concertados se presentaron 94 solicitudes, mientras que por cada 100 plazas en los colegios públicos se presentaron 64.
No hay duda de que uno de los factores determinantes en la elección de colegio, y más en esas edades tempranas, es la cercanía del centro al domicilio o lugar de trabajo de los padres. Un criterio de elección que claramente favorece a los colegios públicos, puesto que hay más y por ello mismo es más probable que satisfagan ese criterio de proximidad. Pero es evidente que ese no es el factor más importante. Los colegios concertados parecen, pues, suscitar una mayor confianza, merecida o inmerecida, que no debería suponer un descrédito para la enseñanza pública, pero que tampoco puede ignorarse. Es la elección de los padres, y debe respetarse.

Hay ejemplos en Europa que demuestran que el modelo español, que conjuga la libertad de enseñanza con el derecho a recibirla (lo que a su vez exige que los poderes públicos provean ese servicio) no es insólito ni desacertado, sino que es similar al de otros países avanzados.

Es por eso que el debate educativo debería desplazarse a otro aspecto de mucho más interés para nuestro futuro como país, que es el de su calidad y su rendimiento, hoy claramente mejorables.