El Mundo, 7 de octubre de 2018
«Desde hace décadas se promueve una concepción identitaria excluyente, la catalanización, con la inmersión lingüística o más bien imposición lingüística, con el catalán como única lengua vehicular y de comunicación en los centros. También con contenidos ideológicos de carácter nacionalista. Hay un adoctrinamiento identitario excluyente, consustancial al sistema educativo, prácticamente desde que se transfirieron las competencias de Educación». Son palabras de Jordi Cantallops, inspector de Educación en Barcelona, sancionado por la Generalidad de Cataluña con un expediente disciplinario por falta grave tras hacer públicas estas declaraciones, el 16 de octubre de 2017.
Comenzaba entonces una campaña de descrédito contra el heroico Cantallops, detonada por el cortejo clientelar de la Generalidad que encabezó la Asociación de Inspectores de Educación de Cataluña, desmarcándose de las audaces y reveladoras declaraciones de su compañero y rubricando, así, la fúnebre rendición de casi todo un cuerpo profesional a las directrices cuasi teocráticas de unos hegemonistas corruptos que, durante cuatro décadas, han ido convirtiendo las escuelas catalanas en arsenales para el integrismo cultural, la discriminación social y la perpetuación de los nacionalistas en el poder.
El exitoso control tribal para lograr adhesiones ideológicas al independentismo mediante la censura y la movilización ejercidas por el comisariado político desde los centros de enseñanza (maestros, profesores) y por la policía política desde la Consejería de Educación (inspectores de Educación), responde a dos planificadas medidas para la ingeniería social que lo han posibilitado.
La primera es la premeditada expulsión de maestros hispanohablantes de Cataluña, ejecutada a partir de la aprobación de la Ley de Normalización Lingüística (1983) por la que el uso exclusivo de la lengua catalana se convertía en exigencia excluyente para poder dar clase en Primaria. El éxodo de maestros hacia otras comunidades se cifra en 14.000 profesionales. El programado reemplazo se ajustó a las prerrogativas que marcaba la nueva política lingüística del mecenazgo pujolista, contenidas en un documento elaborado por Convergència i Unió denominado Programa 2000, divisa totalitaria para «impulsar el sentimiento nacional de profesores, padres y estudiantes» y, segunda medida, «reorganizar el cuerpo de inspectores de forma y modo que vigilen el correcto cumplimiento de la normativa sobre la CATALANIZACIÓN de la enseñanza». El eco balear de estas políticas ha perdido también su agente cosmético.
