La asociación de profesores PLIS afirma que el pésimo nivel académico de nuestros alumnos, el abandono temprano, los barracones, el funcionamiento de los equipos docentes, las ratios exigen trabajar duro y no perder tiempo en una ley educativa que solo servirá para blindar la inmersión obligatoria, una herramienta pedagógica defectuosa, y para introducir ingeniería social.
Palma, 19 de julio de 2019
"No hay pacto educativo nacional que alumbre una nueva ley estatal y el gobierno balear se empeña en redactar una ley que, además de tener que cumplir la ley nacional vigente, la LOMCE, que rechaza con todas sus fuerzas, entrará en conflicto con el futuro pacto nacional y ley resultante. No nos engañemos, el objetivo de la futura ley balear no es la mejora de la enseñanza, es marcar territorio, crear un nuevo instrumento de afirmación nacionalista, a imitación de la LEC o Ley de Educación de Cataluña".
Los males de la enseñanza balear se deben solucionar trabajando duro y sobre el terreno, mediante decretos, instrucciones y órdenes, sin perder el tiempo en la preparación y elaboración de una ley que quedará obsoleta. Para mejorar las ratios, para eliminar los barracones, para dotar de material informático suficiente a las aulas, para aumentar las becas, para apoyar a los alumnos con necesidades, no hace falta ninguna ley balear, basta con que en la ley de presupuestos se aumente la partida destinada a educación y se resten partidas presupuestarias inútiles; para aumentar el rendimiento escolar, no hay que olvidar que Baleares ocupa los últimos lugares en indicadores nacionales e internacionales, basta con que se exija responsabilidad a los centros y departamentos por los resultados obtenidos por sus alumnos en evaluaciones externas censales; para apoyar las innovaciones pedagógicas, basta con exigir resultados a los centros que las impulsen. "La enseñanza no es algo abstruso ni depende de una vara mágica en forma de ley, la enseñanza es eficacia, es plantear unos objetivos y conseguirlos y comprobar que se consiguen".
Pero la intención de Martí March, además de satisfacer su ego personal dando nombre a una ley, la "ley March", es llevar adelante lo incluido en el documento ILLES PER UN PACTE, que se resume en dos objetivos: blindar la inmersión lingüística y blindar la ingeniería social.
La inmersión obligatoria no es ningún modelo de éxito, por mucho que pregonen los partidarios de la misma, porque el éxito en la enseñanza balear brilla por su ausencia, como lo demuestran los datos PISA, TIMMS y PIRLS, además de las escandalosas cifras de abandono temprano, idoneidad y repetición. "Hablar de modelo de éxito aplicado a la inmersión raya en la tomadura de pelo; no puede tener éxito una medida que es extravagante, pedagógicamente hablando, que obliga a los alumnos más necesitados -con dificultades de lectoescritura, con problemas graves de aprendizaje, con déficit de atención, con hiperactividad, recién incorporados etc- a añadir un obstáculo más a los inherentes a sus dificultades, estudiar en lengua no materna".
Finalmente, la ley se convertirá en un instrumento de ingeniería social mediante la creación de los llamados Consejos Socioeducativos, medida estrella de ILLES PER UN PACTE, organismos inspirados en las llamadas "comunidades de aprendizaje", que, además de convertirse en agujeros devoradores de presupuesto, convertirán los centros no en instituciones de enseñanza sino en instituciones de lucha contra las innumerables injusticias sociales y en busca del mundo feliz.
