Carlos Serra
El Mundo, 11 de noviembre de 2018
Los titulares informativos que declaran el entierro definitivo de la Ley Wert con la reforma educativa que propone el actual gobierno de España son tan artificiosos como la propaganda que hizo el gobierno anterior para fundamentar la LOMCE como alternativa a la nacional-socialista LOE. El grueso del articulado de las leyes mencionadas, así como sus objetivos, permanecen intactos desde la sectaria ley-nodriza del año 90: la devastadora LOGSE.
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La ministra de educación, Isabel Celaá, trata de velar el verdadero problema generado desde que la prioridad en la escuela pasó a ser automatizar conductas de servidumbre titulada antes que asegurar una buena formación. Ni una mención al esfuerzo, al trabajo, a la disciplina, al mérito o a la excelencia, pilares de una enseñanza seria, valiosa y emancipadora, pero sí numerosas invectivas contra el derecho de las familias a recibir información sobre los resultados académicos de los centros de enseñanza. Según el credo progresista, la transparencia académica conduce a la discriminación, puesto que padres informados del verdadero rendimiento académico de un centro (no el que traslucen unos boletines adulterados a gusto de consumidores infantilizados y colaboracionistas acobardados bajo la amenaza de las estadísticas), podrían exigir a todos aquellos centros tan preocupados por la integración ignorante y la reeducación en valores del catecismo buenista, que enseñaran algo de lengua, literatura, historia o matemáticas a estudiantes cuyo nivel académico determinará sus posibilidades de promoción social y éxito laboral.Artículo completo
En ese ímprobo esfuerzo por ocultar resultados que desdigan la infalible y rentable evaluación por intenciones, la ministra insiste en eliminar las mismas reválidas que ya suprimió el régimen de Franco en 1970 con la Ley General de Educación, violando así el cánon progre de condenar al olvido todo vestigio de la España franquista.
De establecerse pruebas estatales, idénticas para todos, comprobaríamos que el dogma inapelable de la igualdad de resultados, con el que el progresismo ha analfabetizado a toda una generación, ha abierto una insalvable brecha académica entre los múltiples virreinatos autonómicos, liquidando la igualdad de oportunidades entre españoles.
Las reválidas permitirían evaluar objetivamente el trabajo real de maestros y profesores (cuyos complementos salariales no responden a criterios de productividad), lo que supondría una auto evaluación de todo el sistema, algo que nuestra pedagocracia de burócratas inútiles, adeptos de nómina y legiones de liberados subsidiados no pueden permitir sin inmolarse.
