El Mundo
3 de marzo de 2019
El 90% de los alumnos catalanes que repiten varios cursos durante su escolarización obligatoria tienen el español como lengua materna. Son datos arrojados por la OCDE a través del informe internacional PISA 2015, que evalúa el rendimiento académico de 540.000 jóvenes de 72 países en comprensión lectora, cálculo y ciencias.
En el estudio Efectos de la inmersión lingüística sobre el alumnado castellanoparlante en Cataluña (2019), publicado por la Fundación Europea Sociedad y Educación, los economistas Jorge Calero y Álvaro Choi concluyen, sin mordazas ideológicas, que «los alumnos cuya lengua materna es el castellano alcanzan un rendimiento inferior al de sus compañeros catalanoparlantes en las competencias de lectura y ciencias».
El estudio revela datos aún más inquietantes. La inmersión lingüística obligatoria en catalán no solamente tiene en los alumnos de lengua materna española a los grandes perdedores. Dentro del espectro de damnificados por los designios hegemonistas de los partidarios de la eliminación lingüística de la lengua y la cultura maternas de más de la mitad de la población de Cataluña (y Baleares), existen perfiles de estudiantes donde el alcance de la devastación intelectual es aún más perniciosa. La peor sangría académica coincide con alumnos varones (frente a las chicas), escolarizados en centros públicos (frente a las ofertas privada y concertada) y con situación sociocultural y económica en desventaja.
Es decir, el sistema de inmersión lingüística no voluntaria es un factor de exclusión social y analfabetización en serie, especialmente para la población que cuenta con menos recursos y que, además, no puede escolarizarse en su lengua materna.
Así, adquieren sentido las resistencias de los colectivos nacional-progresistas de la enseñanza a permitir la transparencia de resultados académicos a través de reválidas de carácter nacional, única prueba capaz de garantizar la igualdad de derechos y oportunidades de los alumnos, pero también peligroso indicador del fraude de la educación transferida a las autonomías, cuya arbitrariedad programática responde antes a intereses clientelares de naturaleza partidista que a criterios estrictamente académicos y profesionales.
En 2018, Baleares sacó los peores resultados de España en la selectividad, tras cuatro décadas de tener transferidas las competencias en Educación.
No esperen debate, autocrítica o tesis doctorales que aborden estas cuestiones. Todos los ministros de Educación han asumido que la instrucción académica, la promoción social y la movilidad laboral son una amenaza para el Estado del bienestar de la casta política.
