Un Estado de Derecho no puede permitir la discriminación de ninguna lengua y menos en la enseñanza, porque eso supone la discriminación de sus hablantes.
Para PLIS y SCB, adheridas a Escuela de Todos, el gobierno balear debe evitar la vergüeza de verse señalado, indirectamente, por la UE y por las futuras sentencias del TSJIB.
Eco en Europa Press
Eco en ABC
En breve, la UE emitirá un definitivo informe sobre el modelo lingüístico aplicado de facto en Cataluña, su encaje en la legislación europea e internacional y sus efectos discriminatorios en alumnos y familias. "Todo indica que este informe gravitará sobre tres pilares básicos, que un modelo de inmersión obligatoria en un solo idioma cooficial es contrario al sistema de conjunción que la ley dispone; que es contrario a la legislación europea e internacional, que no permite la discriminación por razón de lengua; y que no aplicar las sentencias que obligan a que se imparta en las lenguas cooficiales un mínimo del 25% y en al menos una materia troncal infringe el Estado de Derecho".
PLIS y SCB, asociaciones adheridas a Escuela de Todos, recuerdan al gobierno Prohens y a toda la comunidad educativa de Baleares que el modelo lingüístico educativo de Baleares es también de conjunción, como el de Cataluña, y que, por tanto, aquellos proyectos lingüísticos de centro, todos los públicos y la mitad de los concertados, que impiden que el castellano sea lengua vehicular en materias no lingüísticas o lo consideran residual, se sitúan fuera del ordenamiento jurídico.
También informan de que los recursos de PLIS y de muchos padres de Baleares, que solicitan que el castellano sea lengua vehicular plena en la enseñanza en al menos el 25% del horario lectivo y en al menos una materia de las antes llamadas troncales, están a punto de sustanciarse en el TSJIB, que sin duda aplicarán la jurisprudencia marcada por el TS en Cataluña.
"No debería Toni Vera esperar a que salga el informe UE, que será demoledor para Cataluña, por tanto, indirectamente para Baleares, ni menos esperar a que las sentencias del TSJIB, sobre denuncias de PLIS y de padres, que en breve se fallarán, le obliquen a aplicar el mínimo del 25% en cada una de las dos lenguas oficiales; para un partido que defiende la vehicularidad de los dos idiomas en la enseñanza sería un deshonor que los tribunales le obligaran a hacer lo que ahora mismo puede hacer sin tribunales por medio: modificar un artículo del decreto de mínimos, uno solo, paa que al tope del 50% como mínimo de enseñanza en catalán se añada un tope mínimo del 25% en catalán y en castellano. Ningún ciudadano lo entendería".
