El Mundo, 18 de noviembre de 2018
Comenzaron por prohibir los ceros como calificación académica para evitar la frustración de los
peores estudiantes. Decretaron la promoción automática de curso para aquellos alumnos que
demostraran dos años de intensa inactividad académica y, de este modo, encubrir el número real de
repeticiones de curso. Ampliaron la edad de escolarización obligatoria hasta los 16 años para
amortiguar las cifras de paro juvenil, logrando que los alumnos que quisieran estudiar un
bachillerato fueran sometidos a la tiranía de los objetores al estudio durante más tiempo que en el
resto de Europa.
Así se fue transformando la escuela pública en un varadero de futuros desamparados intelectuales
de clase media-baja, proletarizados en nombre del progresismo. Es decir, se prohibió repetir el
mismo curso más de una vez, se estableció la equivalencia entre un año de esfuerzo y dos de
negligencia escolar, se desmanteló el Bachillerato por su inherente elitismo clasista y se priorizó la
escolarización igualitaria por encima de los intereses emancipatorios de los estudiantes.
El sofisma utilizado para desmantelar la enseñanza pública fue el de preservar la autoestima de los
alumnos, argucia rescatada estos días por la ministra de reeducación, la hirsuta Isabel Celaá,
promotora, como Consejera del Gobierno vasco, del obsceno plan de convivencia en las aulas
vascas, programa que equiparaba moralmente a las víctimas del terrorismo con sus verdugos.
Celaá, cuya declaración de bienes patrimoniales parece gozar de la misma credibilidad que la tesis
doctoral del Presidente no electo, o del máster de la ministra de sanidad (con párrafos enteros
sacados de wikipedia), no sólo pretende liquidar la escasa dignidad que le queda al bachillerato más
reducido de Europa al equiparar al alumno que lo aprueba todo con el que abandona una asignatura,
sino que apela al sentimentalismo totalitario para maquillar las cifras de fracaso escolar que, a su
juicio, son culpa de una ley (LOMCE) cuya aplicación fue paralizada por el mismo gobierno que la
aprobó en diciembre de 2013.
Celaá compara una baja calificación en una asignatura con un castigo hacia la autoestima de
nuestros estudiantes, forma artera de criminalizar a todo un cuerpo de profesionales que deben
evaluar en función del aprendizaje demostrado y no en relación a las exigencias emocionales de sus
alumnos. Nada sorprendente, considerando que para un progre la alfabetización es un fenómeno
represivo que hay que disolver bajo la retórica sentimental de la debilitadora ternura materno-
estatal.
