Carlos Serra
El Mundo, 25 de noviembre de 2018
El clan sindical ha aprobado en Baleares limitar el valor de las titulaciones universitarias para la baremación de méritos en las pruebas de oposición al cuerpo de maestros y profesores de enseñanza no universitaria. Frente a una doble titulación, un máster o un doctorado, los liberados del trabajo han decidido anteponer el demérito de unos cursos ofertados por ellos mismos, cuya sobredimensionada y artificiosa puntuación se otorga a los matriculados por el simple gesto de haber abonado las tasas correspondientes y asistir a un mínimo de sesiones (en ocasiones, ni eso).
La medida no puede ocultar que responde a intereses puramente corporativos por los que, a cambio de ofrecer mediocridad instructiva y mercadeo de puntos para engrosar listas de interinidades, cobro de trienios y sexenios o méritos para el acceso a plazas de funcionario, la larva gremial de disidentes del tajo se agencia al año millones de euros.
Resulta tétrico que objetores al trabajo, cuya productividad no puede ser evaluada por ningún mecanismo de control y cuyos balances no son jamás fiscalizados por ningún tribunal de cuentas, puedan arrogarse el derecho de burocratizar la función pública bajo la perversa lógica de la confiscación forzosa de los méritos académicos con el objetivo de eliminar ese mercado competitivo que acabaría con la filosofía del subsidio de la que viven plácidamente a cuenta de los demás.
Esta dictadura de la mediocridad, impermeabilizada por todos los sindicatos de educación en su afán de proteger y colocar a su red clientelar en el acceso a la función pública antes que a los profesionales mejor formados y con mayores méritos, permite comprender hasta qué punto el sindicalismo balear es también responsable del ridículo universal que pesa sobre nuestro archipiélago en materia de rendimiento académico y promoción social (léase analfabetismo funcional y paro juvenil).
Por décadas, los sindicatos de educación han hipermercantilizado unos lucrativos cursos de formación que han desnaturalizado a todo un colectivo de profesionales reducidos a dinamizadores sociales, polis de guardería, terapeutas de Hamelín, asistentes benéficos, gestores de la emocionalidad, gurús de las inteligencias múltiples o comisarios de la corrección política.
Mientras, condenados a la clandestinidad laboral por su intimidador expediente académico sin adulterar, más de un millar de interinos que no tributaron a las mafias sindicales se verán superados por quienes han comprado sus méritos, fraternidad antimeritocrática apadrinada por la escuela de servidumbre sindical.
